27, oct, '10.- El Grupo Popular de Diputación esta convencido que la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, lesiona el principio de autonomía local consagrado en la CE y en la Carta Europea de Autonomía Local, al afectar competencias propias de los ayuntamientos; además de ser una Ley puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso, sin olvidar la propia indefinición del texto.
José Fernández, portavoz del Grupo Popular afirma que “lo que la Junta de Andalucía persigue con esta Ley es la creación de nuevas figuras tributarias para afrontar el despilfarro de los últimos años de una manera meramente recaudatoria, sin priorizar otras medidas como el ahorro del consumo de agua. A partir de ahora en Andalucía tendremos el canon de mejora (local), el canon de mejora para infraestructuras de depuración (autonómico) y el canon de servicios generales, además del canon de regulación y tarifa de utilización del agua. Nuevos impuestos que deberán afrontar los almerienses en un momento donde muchas familias tienen problemas para llegar a fin de mes.
“No es lógico entender que en este momento, en el que los andaluces están sufriendo las durísimas consecuencias de la crisis, con más de 1.100.000 parados, se pueda apostar por parte de la Junta de Andalucía en incrementar impuestos en lugar de reducirlos, porque esto atenta de manera muy significativa contra los ciudadanos y contra los sectores productivos de la economía almeriense, de forma especial a la agricultura, a la industria y al turismo, entre otros, gravando especialmente a las clases más desfavorecidas”, ha afirmado José Fernández.
El portavoz popular ve también clara intencionalidad electoralista en la medida, al pretender el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que “sean los Ayuntamientos los responsables de la recaudación ante los almerienses, en un intento de que los ciudadanos perciban que son éstos los responsables del cobro y gestión de dicho impuesto o canon y no la Junta de Andalucía”.
Por tal motivo el Grupo Popular ha presentado una propuesta para su debate en el pleno del próximo viernes, donde muestra su rechazo a la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía por vulnerar claramente la autonomía local de nuestros ayuntamientos, crear nuevos impuestos que hacen aún más difícil la situación económica de los almerienses y donde pide al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que modifique la Ley de Aguas según los trámites legales oportunos que evite esta subida a los ciudadanos y no atente contra el municipalismo y la autonomía local de los ayuntamientos. Dos razones de peso para contar con el apoyo del resto de los grupos.
